La Corte Nacional Electoral ha decidido exigir, a partir del 1 de Octubre, que las personas que cobran el bono dignidad o quienes viajan al exterior no puedan hacerlo si no se han inscrito en el nuevo padrón electoral.
Esta determinación es una violación a la Ley de Régimen Electoral Transitorio (Ley 4021) que su artículo 3ro. se somete al principio de preclusión.
El principio de preclusión se refiere a un proceso dividido en etapas, "cada una de las cuales supone la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla" (Manuel Ossorio). Esto significa que cuando ha vencido una etapa se pierde la posibilidad de reclamar la vigencia de un derecho; pero también significa que mientras no haya vencido el plazo, no se puede sancionar su supuesta falta de cumplimiento.
El plazo para inscribirse vence el 15 de Octubre (aunque el calendario electoral publicado en la página web de la CNE señale erróneamente el 4 de Octubre). Por tanto, antes de esa fecha no se puede castigar a nadie por no haberse inscrito en el nuevo registro biométrico.
Cuando el organismo electoral, hoy convertido en poder del "estado plurinacional", impone sanciones antes de tiempo no solo comete abuso, especialmente contra los ancianos, sino que además viola flagrantemente la ley.
