“¿Cuándo la Prefectura y la Alcaldía tuvieron más plata?” insistía hace unos días el candidato oficialista a la gobernación de Santa Cruz frente a un periodista. Desde luego la pregunta retórica intentaba decir que en este gobierno se habían otorgado recursos como nunca antes.
Al escuchar esas palabras recordé la sugerencia que hace algunos años me hacía Carlos Delius de escribir sobre el proceso de creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para que haya memoria histórica de esta medida trascendente, porque algún día otros tomarían el crédito.
Durante el debate de la ley de hidrocarburos, el gobierno de Carlos Mesa proponía el cobro a las empresas petroleras de 18% de regalías y participaciones, más un 32% de impuestos complementarios, que al hacer cuentas era nomás permitir las consabidas deducciones por parte de las multinacionales. Cambiar todo para cambiar nada.
Por otro lado, el MAS proponía 50% de regalías, lo que significaba que solo el 18% iría destinado a las regiones a través de regalías y compensaciones; pero que el resto iría al gobierno central. Además planteaba el serio riesgo que el Estado Boliviano sea sometido a arbitrajes internacionales porque el tema de aumentar las regalías significaba romper los contratos firmados con las empresas petroleras.
La iniciativa de discutir una propuesta alternativa comenzó cuando Norah Soruco de Salvatierra presidía la Brigada. Organizamos sendas audiencias públicas en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, buscando la participación de los otros departamentos productores de hidrocarburos y la sociedad civil.
Con esos antecedentes, cuando tuve el privilegio de presidir la Brigada Cruceña continuamos la tarea. Parlamentarios de diferentes corrientes políticas y con el apoyo incondicional de brillantes asesores cruceños como Carlos Delius, Javier Mansilla, Mario Rojas, Percy Cuéllar, entre otros, elaboramos una propuesta alternativa en la que incluíamos la creación del IDH, a ser cobrado como regalías, es decir sin deducciones, pero que no violaba los contratos pues nadie podía demandar a un Estado soberano por crear nuevos impuestos. Además, al ser un impuesto era coparticipable por gobiernos departamentales, municipales y universidades. Un verdadero avance en consolidar recursos económicos para las autonomías.
Nos hubiera gustado que todo nuestro proyecto sea tomado en cuenta en el Congreso Nacional, sin embargo la base de discusión fue el trabajo de la comisión que presidía Santos Ramírez, que básicamente contenía la propuesta del MAS. Costó muchísimo que el IDH sea incorporado en el texto de la ley, esa que el Presidente de la República no quiso promulgar y que fue firmada por Hormando Vaca Diez, presidente del Senado.
Es cierto que las Prefecturas y Alcaldías de todo el país han recibido más plata en los últimos años. Esa es la cosecha de lo que nosotros sembramos. Lo mismo hubiera pasado si fuera otro el circunstancial administrador del Estado, porque así lo manda la ley.
Me indigna que se atribuya este logro a la recompra de las empresas capitalizadas bajo el pretencioso nombre de “nacionalización”. En todo caso lo que este gobierno hizo fue recortar el IDH y lamentablemente no hay quien lo reclame.
Creo que en este caso la nobleza obliga a dejar la modestia y poner las cosas en su lugar.
Es bueno que recordemos que había una vez una Brigada Parlamentaria Cruceña que estuvo a la altura de las circunstancias para hacer propuestas responsables y anticiparse en el proceso autonómico.
