Hay dos
aspectos que el gobierno decidió “invisibilizar” en este Censo Nacional de
Población y Vivienda: la condición de mestizo y la confesión religiosa de los
habitantes de este país.
Sobre lo
primero, oportunamente se ha debatido y escrito mucho, aunque sin lograr que se
incluya la opción de mestizo en la boleta de empadronamiento.
En cuanto a la
confesión religiosa, lastimosamente no se ha hablado lo suficiente. Para
eliminar toda posibilidad de incluir esa pregunta bastó el pueril argumento gubernamental
que Bolivia es un “Estado laico”, y que el aspecto religioso de los ciudadanos
no es relevante para establecer políticas públicas.
A estas
alturas, a pesar de estar consumado el censo, vale la pena dejar constancia de
dos cosas:
Primero: No es
cierto que en Bolivia el Estado sea independiente de la religión, como dice el
Art. 4 de la Constitución. Lo podemos demostrar de manera fehaciente, como lo
hicimos durante el proceso de discusión y aprobación de la nueva Constitución
Política del Estado Plurinacional, de manera documentada. Desde el mismo
preámbulo, el texto Constitucional está plagado de referencias que vinculan de
manera intrincada al Estado con las creencias y espiritualidades ancestrales,
en detrimento de otras creencias y confesiones religiosas.
En otras
palabras, se quitó a la Iglesia Católica como religión oficial, pero se la sustituyó
con las creencias ancestrales, predominantemente andinas.
Segundo. No es
cierto que en Bolivia el tema religioso sea irrelevante para establecer
políticas públicas. La prueba más
clara es que este gobierno está legislando a partir de creencias espirituales
ancestrales andinas, mediante la Ley Nº 71 de “Derechos de la Madre Tierra” y
la Ley Nº 300 “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir
Bien”.
El artículo 3
de la Ley 71 dice: “La Madre Tierra es el
sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los
sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y
complementarios, que comparten un destino común.
La Madre Tierra es considerada sagrada,
desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos”.
El artículo 5
de la Ley 300, señala: “(DEFINICIONES). A
los efectos de la presente Ley se entiende por:
1. Madre Tierra. Es el sistema viviente
dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida
y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que
comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y
es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los
ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la
componen”.
Considerar a la
tierra como “madre” y “sagrada” es una concepción animista, por tanto
religiosa; y a partir de esa cosmovisión se está legislando sobre aspectos
productivos, de tierra, territorio, agricultura, ganadería, hidrocarburos,
inversión, seguridad alimentaria, etc.
Cuando uno lee
que entre los “Valores del vivir bien” está: “Saber Danzar. Vivir Bien, es danzar en gratitud a la Madre Tierra y en
celebración de la comunidad y armonía entre las personas donde se manifiesta la
dimensión espiritual y energética” (Art. 6, inciso 3 de la Ley 300), tiene
que llegar a la conclusión que no se está hilando fino al afirmar que en
Bolivia se hacen políticas públicas a partir de creencias religiosas
ancestrales andinas, en forma excluyente.
Saber en qué
creen lo bolivianos hubiera sido muy saludable. Lamentablemente se perdió esa
oportunidad y las consecuencias trascienden lo estrictamente religioso, porque afectan
todas las áreas de la vida de creyentes y no creyentes.
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Napoleón Ardaya es periodista, mestizo y cristiano
